Aseguradoras, mutuas y empresas recurren a ellos como último recurso contra los fraudes. "La crisis ha hecho crecer estos casos y ahora casi puede decirse que las bajas que antes duraban tres meses ahora pueden llegar hasta los seis para estirar un poco más la indemnización", explica un experimentado profesional del sector. En su caso se ha encontrado en los últimos meses con situaciones como la de un operario que "estaba de baja porque tenía una mano mal y luego lo encontré cavando en el campo". Es la anécdota en un mundo de picaresca en busca de lograr un dinerillo extra.

"Las mutuas están detectando muchos casos de duplicidad laboral -personas que alargan sus bajas mientras trabajan en otra cosa- y también se están disparando los casos de autónomos que pagan un seguro, se dan de baja para cobrarlo y siguen trabajando igual", relata el detective. Las bajas fingidas, en cuanto al mundo empresarial, son las más perseguidas por estos investigadores del fraude.

El sector que más intentos de engaño acumula, sin embargo, es el del automóvil. "Siempre han existido y ahora están creciendo hasta el 20%", señala el experto.

por la multinacional Microsoft Corporation por un delito contra la propiedad intelectual por comercializar de forma ilícita su sistema operativo Windows XP Profesional.

El escrito en el que el Ministerio Público pide el sobreseimiento del caso, al que hoy ha tenido acceso Efe, aclara que para que un delito de estas características tenga lugar es preciso que el titular de los derechos sufra un perjuicio.

En este caso, "sería la cantidad" que debería haber percibido Microsoft Corporation "por la licencia correspondiente al sistema operativo Windows XP Profesional" comercializado.

El documento considera sin embargo que este perjuicio no llegó a producirse porque "resulta imposible" que la compañía "hubiera percibido cantidad alguna por la venta de esta licencia" ya que Windows XP Profesional "dejó de comercializarse el 30 de junio de 2008, como es público y notorio" y quedó reflejado "en numerosos medios de comunicación".

Este sistema operativo fue sustituido entonces por "un producto más nuevo", el programa Windows Vista, que "a su vez" ya ha sido reemplazado por otro "todavía más reciente: Windows 7", que fue lanzado al mercado en octubre de 2009, por lo que ya estaba siendo comercializado cuando ocurrieron los hechos.

El escrito del Ministerio Público precisa que, "tan sólo ha pervivido durante algún tiempo ciertas modalidades de Windows XP, en su versión Home Edition, destinada a ordenadores 'ultraportátiles' de escasa potencia".

"En definitiva -agrega el documento del fiscal-, Windows XP Profesional es un producto descatalogado, cuya obsolescencia alcanza a dos ciclos de renovación de producto, y que no hubiera podido ser adquirido de ninguna manera en el comercio, porque el propio denunciante -Microsoft Corporation- no lo vende".

"En semejantes circunstancias -prosigue el escrito-, resulta imposible que se genere perjuicio por lucro cesante".

El texto aclara también que la venta del ordenador equipado con Windows XP Profesional que dio origen a la denuncia "se realizó en condiciones muy particulares", ya que el comprador era un apoderado de Microsoft que fue a "comprobar una situación", una supuesta venta ilegal, "que él mismo estaba provocando".

En este punto, la Fiscalía se apoya en una sentencia de un Juzgado de lo Penal de Alicante sobre un caso similar, en el que un detective privado compró unos programas ilegales "no para su uso como particular" sino como forma de obtener "elementos de prueba" de una situación ilícita. Esta sentencia concreta que el detective actuaba por encargo de Microsoft, de manera que era "la víctima del supuesto delito" la que dirigió "la operación" y adquirió un ordenador con sus propios programas, algo que permite concluir que la venta efectuada no constituyó delito alguno. La resolución del Juzgado de Alicante aclara además que, a diferencia del tráfico de drogas, en los delitos contra la propiedad intelectual de este tipo "hace falta algo más que la tenencia" de programas ilegales y llegar a su distribución para considerarlo constitutivo de un ilícito penal.

Asimismo, este documento pone de manifiesto la "dominación de la situación" en este caso por parte de la supuesta víctima, lo que conlleva que no existiera "posibilidad alguna de lesionar los derechos de Microsoft" si se le vende "una copia de un programa del que es titular". En otro momento, el escrito de la Fiscalía descarta que los ordenadores que se encontraron en la tienda denunciada fueran a ser comercializados ilegalmente o destinados a un lucro ilícito, ya que eran propiedad de varios amigos del titular del establecimiento y además fueron incautados en "un registro policial no autorizado judicialmente".

delito contra la intimidad por haberse llevado, presuntamente, sendas copias de la cartera de clientes y de la contabilidad de la empresa para la que llevaba ocho años trabajando. Su antiguo socio, que sostiene que año y medio después de que la mujer saliera de la gestoría se vio obligado a cerrarla al sufrir una fuga masiva de clientes, reclama la misma pena.

M. P. A. M. entró en 1998 a formar parte de la empresa familiar que explotaba la gestoría, en la que tenía el cargo de administradora mancomunada junto con el dueño y dos de sus hijos.

Un keylogger instalado en el ordenador de la acusada --y detectado por un detective privado-- reveló cómo esta había comunicado por correo electrónico a alguien que no llegó a ser identificado que ya se había hecho con los dos ficheros. La defensa, que pide la absolución de la imputada, impugnó la validez como prueba del acta notarial tras asegurar un perito que resulta relativamente sencillo manipular los registros de un programa como el señalado.

La acusada terminó dejando la gestoría a mediados de enero del 2006. En esas fechas, el principal propietario, ya jubilado, se encontraba gravemente enfermo.

Poco después de abandonar la empresa, dos personas fundaron una gestoría que utilizaba como marca el nombre y el primer apellido de la acusada.

sufrir un grave accidente de tráfico en el verano de 2008 en Palma cuando circulaba con su ciclomotor y fue arrollado por un coche. El afectado, un albañil que se hallaba en el paro y que ahora tiene 64 años, resultó herido de extrema gravedad, le amputaron la pierna izquierda y permaneció cien días en el hospital. A consecuencia del siniestro, quedó incapacitado y tuvo que comprar una nueva vivienda, una planta baja en la ciudad, que fue reformada para adaptarla a sus limitaciones. La víctima reclama una indemnización de más de 300.000 euros por las severas lesiones y las secuelas que le han quedado, así como por los abultados gastos que ha tenido a raíz del accidente.

La empresa aseguradora del coche que atropelló al motorista, que figura como presunta responsable civil en el caso, decidió contratar a un detective para que informara de la situación real del afectado. El investigador realizó un informe y estos documentos fueron presentados en el juzgado.

La semana pasada se celebró el juicio por este caso en Palma y el conductor que arrolló al motorista aceptó una condena de dos años y medio de prisión por conducir en estado ebrio y de forma temeraria por la ciudad y no auxiliar a la víctima tras el accidente. A pesar de llegar a un acuerdo en la vía penal, la vista oral continuó para determinar la responsabilidad civil y la indemnización que el perjudicado debía recibir.

Fue durante el juicio cuando el informe del detective salió a la luz e incluso varias fotografías fueron exhibidas a la víctima.

Casa con huerto
En una de la imágenes que captó el investigador privado aparecía la casa actual del perjudicado que cuenta con un huerto en la parte trasera. Al ser interrogado por la planta baja, el afectado confirmó que había un huerto y que era una de sus hermanas la que se encargaba de cuidarlo. "Ella plantó las tomateras", recordó el hombre.

La víctima también tuvo que responder sobre sus posibilidades de moverse y andar y las razones por las que eligió un determinado modelo de vehículo para desplazarse. El hombre explicó que no podía caminar muchos metros y que necesitaba la ayuda de las muletas. Por eso se compró un coche "sin carné" y escogió uno de los modelos más caros porque por las características del vehículo podía entrar con la prótesis sin problemas, según su versión.

Además, el perjudicado destacó que su vida había cambiado por completo y que dependía de su familia y de otra persona para las tareas diarias después de sufrir el accidente en el Camí dels Reis el pasado 2 de julio de 2008. El hombre indicó que ya no podía ir al monte de caza ni a buscar setas ni tampoco a bailar. "Todo se acabó", resumió. Además de dolores, también sufre depresión, según dijo.

crisis económica son muy demandadas.

La localización del domicilio de un deudor, confirmación de rumores, historiales de pagos, informes sobre riesgos, son algunas cuestiones que ocupan y preocupan a empresas y particulares y que centran gran parte del trabajo de los detectives privados, hasta el punto de que en los últimos años los encargos se han multiplicado por cinco.

Ya no se estila tanto perseguir a la pareja por sospechas de infidelidades porque el juez no pide esas pruebas a la hora de conceder el divorcio y el presupuesto de la investigación no compensa el interés que el presunto agraviado pueda tener por saber si le guardan el sitio. Pero, aunque no les falta el trabajo, este colectivo profesional estereotipado en las películas americanas con una imagen que poco o nada tiene que ver con la realidad. baraja una serie de inquietudes que desde hoy y hasta el sábado se van a analizar en un congreso internacional que se celebrará en la Facultad de Derecho.

Ayer fue presentado en rueda de prensa por la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, Eva Grueso; el vicepresidente segundo Óscar Rosa y Teresa Aguado, que es secretaria académica del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

Entre la temática que prestigiosos expertos abordarán se encuentra la directiva europea Bolkestein que habla sobre la libre prestación de servicios en cualquier territorio de la Unión. Uno de los objetivos es poner sobre la mesa cómo posibilitar esa libertad en la prestación de servicios garantizando el excelente nivel profesional que ha alcanzado España, el país de la UE con mayores exigencias formativas, con una titulación universitaria propia de 3 años de duración y 180 créditos académicos. «En Portugal- dice Óscar Rosa- se puede ser detective de la noche a la mañana y ahora con esa directiva un portugués puede venir aquí a España y ponerse a trabajar cuando nosotros tenemos más formación y en ella hemos empleado más tiempo y dinero». La licencia de armas, una tradicional reivindicación del sector, y su justificación, también se analizará en el encuentro, así como los nuevos métodos de investigación -videovigilancia, informática forense y digital- y la investigación de delitos en general, algo prohibido hoy día.

Para estos profesionales eso es un «absurdo» desde el mismo momento en que la Ley autoriza la investigación de los delitos perseguibles a partir de denuncia del agraviado.